Una demanda federal alega discriminación de vivienda contra una beneficiaria de DACA de Nueva Jersey

Vashti Harris, Mosaic de NJ.com

La organización Mexican American Legal Defense and Educational Fund (El Fondo Americano de Defensa Legal y Educativo o MALDEF, por sus siglas en inglés) presentó la semana pasada una demanda federal a nombre de la residente de Nueva Jersey Khrysta De Guzman, alegando que la empresa de administración de propiedades que le negó vivienda cometió un acto de discriminación en base a que ella es una beneficiaria de DACA.

De Guzman, de 25 años, ha sido recipiente del programa de Acción Diferida para Llegados en la Niñez, conocido como DACA, durante los últimos ocho años, según informó el miércoles NBC News.

"La discriminación de vivienda contra los beneficiarios de DACA no solo es irracional, es ilegal", dijo Thomas A. Saenz, presidente y consultor general de MALDEF, a través de un comunicado. "Nuestra Economía — y nuestra humanidad — son distorsionadas y disminuidas cuando permitimos que ocurra tal discriminación".

DACA, una ley ejecutiva promulgada durante la Administración del presidente Obama, suspende la deportación y otorga tarjetas de autorización de empleo a cerca de 600,000 jóvenes adultos de cerca de 200 países que fueron traídos a los Estados Unidos hace unas dos décadas cuando eran niños. Actualmente esta orden ejecutiva está siendo impugnada en las Cortes.

De Guzmán y su novio, un ciudadano estadounidense, aplicaron en Altman Management Co. para solicitar un apartamento en alquiler en Nueva Jersey. Altman rechazó la solicitud, diciendo que la Tarjeta de Autorización de Empleo otorgada por el gobierno era insuficiente. La compañía también le solicitó a ella presentar una tarjeta de residencia permanente o visa, documentos que los beneficiarios de DACA no pueden recibir, según la demanda judicial.

La pareja quería mudarse cerca de la Universidad de De Guzmán para reducir su viaje de una hora. La pareja también aplicó para alquilar otro apartamento en Nueva Jersey que coincidentemente también era administrado por Altman, una compañía con sede en Pensilvania que administra cerca de 80 complejos de apartamentos en Nueva Jersey, Pensilvania y Delaware. Se les negó nuevamente.

"Estas negaciones han resultado en otro capítulo congelado en mi vida", dijo De Guzman a través de un comunicado. "Esto sirve para recordarnos a los titulares de DACA que no somos totalmente aceptados por la sociedad de los Estados Unidos. Pese a que trabajamos, pagamos impuestos y contribuimos a la economía".

Los registros de la corte no muestran aun a algún abogado de la firma Altman Management Co.

De Guzmán asiste a la universidad y trabaja como asociada de almacén. Al igual que otros beneficiarios de DACA, ella debe renovar su estatus cada dos años. Quienes tengan récord criminal no son elegibles para ese estatus. De acuerdo con la Casa Blanca, los beneficiarios de DACA contribuyen anualmente con $2.5 mil millones de dólares en pagos por alquiler cada año, pagan $6.2 mil millones de dólares en impuestos federales y $3.3 mil millones en impuestos locales y estatales.

MALDEF está pidiendo a las cortes que les conceda una certificación de clase, a fin de que puedan representar a otros que han aplicado o han tratado de aplicar para alquilar apartamentos administrados por Altman y que han sido rechazados.

"Los propietarios no pueden penalizar a los inquilinos debido a su enajenación", dijo Luis Lozada, abogado de MALDEF en el caso, a través de un comunicado. "Los actos discriminatorios de los acusados afectan negativamente a los receptores de DACA y a los inmigrantes sobre en dónde pueden vivir y trabajar".

Photo captions: [AP photos for Mosaic/NJ.com use only] Una persona sostiene un cartel mientras la asambleísta Catalina Cruz, la primera ex "Dreamer" elegida para la Asamblea del estado de Nueva York, habla en una manifestación para celebrar el décimo aniversario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia en Battery Park el 15 de junio de 2022, en la ciudad de Nueva York. (Michael M. Santiago/Getty Images/TNS)

Un grupo de personas se manifiestan fuera de la Corte Suprema por la decisión del presidente Trump de poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), en la Corte Suprema en Washington, el 12 de noviembre de 2019. El miércoles 13 de septiembre de 2023, un juez federal declaró ilegal una versión revisada de una política federal que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes traídos a los Estados Unidos cuando eran niños. (Foto de AP/Jacquelyn Martin, archivo)

Esta traducción fue proporcionada por New Jersey Hispano, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por Mosaic de NJ.com y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.

This translation was provided by New Jersey Hispano, in partnership with the Montclair State University Cooperative Media Center, and is financially supported by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by Mosaic de NJ.com and is republished under a special content sharing agreement through the NJ News Commons Spanish Translation News Service.

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