Dos residentes de NJ acusados de fraude hipotecario multimillonario, según oficiales federales

Erik Larsen, Asbury Park Press

CAMDEN – Dos residentes del condado de Ocean y uno del condado de Monmouth fueron acusados el martes por su presunta participación en una estafa millonaria de hipoteca, informó el martes el fiscal federal de Nueva Jersey, Philip R. Sellinger.

Según explicó Sellinger, Arthur Spitzer, de 37 años y residente de Toms River, ha sido acusado de ocho cargos por fraude electrónico, un cargo por fraude bancario, un cargo por conspiración para cometer fraude bancario y de transferencia, dos cargos por robo agravado de identidad, un cargo por hacer una declaración falsa a una institución financiera y 12 cargos por lavado de dinero.

Mendel Deutsch, de 38 años y residente de Toms River, ha sido acusado de tres cargos de fraude electrónico, un cargo de fraude bancario, un cargo por conspiración para cometer fraude bancario y de transferencia, un cargo por robo agravado de identidad, un cargo por hacer una declaración falsa a una institución financiera y dos cargos por lavado de dinero, informó el fiscal.

De acuerdo con Sellinger, Joshua Feldberger, de 42 años y residente de Howell, ha sido acusado de un cargo por fraude de transferencia, un cargo por fraude bancario, un cargo por conspiración para cometer fraude bancario y de transferencia, un cargo de robo agravado de identidad, y un cargo por hacer una declaración falsa a una institución financiera.

Los acusados fueron procesados ante el juez de distrito, Edward S. Kiel, en la Corte Federal de Camden.

En 2019 y 2020, Spitzer orquestó un plan para defraudar a los propietarios y a los prestamistas hipotecarios obteniendo préstamos hipotecarios para propiedades inmobiliarias que no eran suyas, según la acusación.

Específicamente, Spitzer identificó propiedades en Nueva Jersey y Brooklyn que no tenían hipotecas o que estaban hipotecadas con montos mucho más bajos que el valor de la propiedad en el mercado de vivienda, alega la acusación.

En seis ocasiones, Spitzer obtuvo préstamos hipotecarios al falsear que tenía la autoridad para obtener tales préstamos garantizados por propiedades que no poseía. Spitzer usó documentos fraudulentos con el propósito de transferir el control a él, los cuales contenían firmas falsificadas de los verdaderos propietarios. Los ingresos de los préstamos hipotecarios se desembolsaron a cuentas bancarias controladas por Spitzer o se utilizaron para beneficiar de otra manera a Spitzer, como para pagar sus deudas personales. Spitzer entonces causó el incumplimiento de los préstamos hipotecarios al no hacer los pagos requeridos, dejando a los verdaderos propietarios sujetos a ejecución hipotecaria y desalojo, todo según la acusación.

En junio de 2020, la denuncia alega que Spitzer conspiró con Deutsch y Feldberger para hacer que pareciera que Spitzer poseía tres propiedades en Brooklyn y acordó vendérselas a Deutsch, quien obtuvo un préstamo hipotecario de 4 millones de dólares en conexión con la transacción.

Feldberger facilitó la transacción fraudulenta como propietario de la sociedad liquidadora que gestionó la operación. Los acusados crearon y enviaron cartas en las que afirmaban que Deutsch había depositado fondos significativos en fideicomiso para la transacción, cuando en realidad no lo había hecho. Crearon documentación falsa que supuestamente transfirió el control de las propiedades a Spitzer y no revelaron un préstamo a corto plazo obtenido poco antes del cierre de la transacción. Le mintieron al prestamista hipotecario al afirmar que la compañía de liquidación había recibido más de $2 millones de Deutsch en el cierre, lo que llevó al prestamista hipotecario a financiar el préstamo. Los demandados utilizaron entonces el producto del préstamo hipotecario para financiar el pago inicial de Deutsch, que supuestamente ya había proporcionado, todo según la acusación.

En 2020 y 2021, la denuncia continúa señalando que Spitzer y Deutsch obtuvieron fraudulentamente millones de dólares en préstamos gubernamentales que estaban destinados a pequeñas empresas afectadas negativamente por la pandemia de COVID-19.

La ley U.S. Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act se promulgó en marzo de 2020 para proporcionar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses afectados por los efectos económicos de la pandemia.

La ley CARES autorizó a la U.S. Small Business Administration (Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos) otorgar los préstamos para desastres económicos causados por desastres (EIDLs por sus siglas en inglés) de hasta $2 millones a empresas pequeñas elegibles que sufrieran importantes trastornos financieros debido a la pandemia de COVID-19. Para obtener un préstamo del EIDL, se requería que una pequeña empresa elegible solicitara y proporcionara información sobre sus operaciones, incluyendo el número de empleados y los ingresos o gastos.

Spitzer y Deutsch obtuvieron los préstamos para empresas que tenían poca o ninguna operación, presentando solicitudes de préstamo que incluían declaraciones falsas de la empresa solicitante, sobre el número de empleados, ingresos, costo de las mercancías vendidas o rentas perdidas, según indica la acusación.

Los cargos de conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario y hacer una declaración falsa a una institución financiera son punibles con un máximo de 30 años de prisión y una multa de $1 millón.

Los cargos de conspiración para cometer fraude telefónico y fraude telefónico son punibles con un máximo de 20 años de prisión y una multa de $250,000, o el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito.

Los cargos de lavado de dinero son punibles con un máximo de 10 años de prisión y una multa de $250,000, o el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito.

Los cargos de robo de identidad con agravantes conllevan una pena obligatoria de dos años de prisión.

La investigación fue realizada por los siguientes agentes federales:

• Los agentes especiales del FBI, Agencia Residente de Atlantic City, bajo la dirección del agente especial a cargo James E. Dennehy, en Newark
• Los agentes especiales de IRS, Investigación Criminal, bajo la dirección del agente especial a cargo Jenifer L. Piovesan, en Newark
• Los agentes especiales de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos — de la Oficina del Inspector General, bajo la dirección de Patricia Tarasca, agente especial a cargo, Oficina Regional de Nueva York, con la investigación que dio lugar a los cargos.

El fiscal federal adjunto Daniel A. Friedman, de la División Criminal de la Fiscalía de los Estados Unidos en Camden, está a cargo de la acusación.

Spitzer es representado por los abogados defensores Henry Mazurek y Jason Ser, con sede en Nueva York. Deutsch está representado por los abogados defensores Todd Blanche y Emil Bove, también en Nueva York. Feldberger está representado por el abogado defensor Zach Intrater, también en Nueva York.

Esta traducción fue proporcionada por New Jersey Hispano, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por Asbury Park Press y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.

This translation was provided by New Jersey Hispano, in partnership with Montclair State University's Center for Cooperative Media and is supported financially by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by Asbury Park Press and is republished under a special content-sharing agreement through NJ News Commons' Spanish Translation News Service.

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